Seguridad: el puente político entre Américo y Harfuch

En política, las reuniones que se repiten no son casualidad, son mensajes. Américo Villarreal Anaya volvió a sentarse con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y lo hizo en la capital del país, lejos de los reflectores locales, pero con un objetivo claro: mantener la línea directa con el gobierno de Claudia Sheinbaum en el tema más delicado de todos, la seguridad.

La foto oficial puede parecer un protocolo más, pero detrás hay una estrategia tejida con cuidado. Tamaulipas ha sido, por décadas, un sinónimo nacional de violencia y disputa territorial. Hoy, el gobierno estatal presume indicadores a la baja y quiere dejar claro que no es casualidad: hay coordinación con la Federación, alineación de políticas y un trabajo que —según el propio Harfuch— está dando resultados.

Los números presentados esta semana por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le dieron sustento al discurso. En julio, Tamaulipas registró solo 19 homicidios dolosos, apenas el 0.9% del total nacional. Y si se revisa de enero a julio, la cifra es de 129, el mismo porcentaje por debajo de una media nacional mucho más abultada.

En un país donde la seguridad es la carta más sensible en la mesa de cualquier político, Américo parece apostar por construir una narrativa distinta: de un estado que ya no figura en las primeras planas por balaceras, sino por estadísticas que empiezan a revertir décadas de deterioro. Pero ojo, las cifras, aunque positivas, no blindan del todo. Basta un repunte en un mes crítico para que el relato cambie de golpe.

Harfuch, por su parte, no es solo un funcionario federal más. 

Su perfil mediático, su cercanía con la presidenta y su propio capital político lo convierten en un aliado clave para cualquier gobernador que quiera mantener acceso directo a la agenda nacional. 

Para Américo, tenerlo de su lado significa no solo respaldo técnico, sino también político.

En el fondo, esta coordinación no es solo un intercambio de reportes e indicadores: es un pacto de conveniencia mutua. Tamaulipas aporta resultados que el gobierno federal puede exhibir; la Federación, a cambio, garantiza respaldo en la estrategia y atención prioritaria. Y en el ajedrez político que se avecina rumbo al 2027, contar con un expediente limpio en materia de seguridad puede ser un salvavidas… o un arma electoral.

Porque en política, como en seguridad, las victorias no se cantan antes de tiempo. Y en Tamaulipas, los números de hoy son buenos… pero el reto será mantenerlos cuando el clima político empiece a calentarse.

*El despojo*

En Tamaulipas, el delito de despojo rara vez ocupa titulares, pero sus consecuencias son devastadoras. No se trata solo de la ocupación ilegal de un terreno o una casa; detrás hay familias desplazadas, patrimonios destruidos, comunidades fracturadas y, muchas veces, un vacío institucional que parece más aliado del invasor que de la víctima.

La iniciativa presentada por la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda ante la Diputación Permanente busca cambiar esa ecuación. Propone elevar la pena mínima a tres años y la máxima a siete, además de multiplicar el rango de multas y agregar agravantes cuando las víctimas sean personas vulnerables o el delito involucre violencia, abuso de poder o servidores públicos. No es solo un endurecimiento de penas: es un intento de cerrar un capítulo de impunidad histórica.

El problema es que el despojo, especialmente en zonas rurales, ejidales o con valor ambiental, suele estar amparado en un cóctel explosivo: documentación falsa, complicidad política, autoridades locales pasivas y un sistema judicial que, en la práctica, se mueve a paso lento. El resultado es que, aun con leyes más duras, la restitución de la propiedad sigue siendo un camino tortuoso.

Basta recordar el caso reciente en Tampico, donde vecinos denunciaron en redes sociales la invasión de predios sin que hubiera una respuesta inmediata. Esa demora no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también alimenta la idea de que en Tamaulipas el derecho de propiedad es negociable.

Lo que propone Méndez Cepeda —inspirada en reformas de Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo— no está fuera de contexto. Son agravantes que reconocen la realidad: el despojo no es un acto aislado de “vivos” contra “distraídos”, sino un fenómeno que involucra mafias locales, intereses económicos y, en ocasiones, a funcionarios que usan su cargo como herramienta de despojo legalizado.

Sin embargo, la gran pregunta es si la reforma llegará acompañada de un verdadero compromiso de aplicación. Porque leyes más estrictas sin ministerios públicos que actúen de inmediato, sin jueces que prioricen estos casos y sin mecanismos de restitución rápida, corren el riesgo de convertirse en un gesto político más, útil para el discurso pero ineficaz en la realidad.

El despojo no solo roba propiedades: roba confianza. Y en un estado que busca recuperar su tejido social y su estabilidad, esa es una deuda que ninguna reforma puede darse el lujo de postergar.