Américo levanta a Tamaulipas de las ruinas del pasado

El gobernador Américo Villarreal Anaya aprovechó los Honores a la Bandera para marcar un punto: la reducción de la pobreza multimodal es, hasta ahora, uno de los logros más visibles de su administración.

No habló de cifras frías. Habló de vidas. Educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social e ingreso. Todos esos rubros que definen si una familia vive con dignidad o en la marginación.

El escenario fue la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, recién remodelada. Ahí, el mandatario recordó que Tamaulipas está entre los diez estados con mayor reducción de la pobreza, según el INEGI.

Al inicio del sexenio, había 102 mil personas en pobreza extrema. Hoy, según el gobierno estatal, esa cifra cayó a la mitad. Y el compromiso, aseguró, es erradicarla.

El mensaje no se quedó en los números. Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas, tomó la palabra para lanzar una frase que busca quedarse: 

“Mientras algunos levantan sombras, nosotros levantamos techumbres. Mientras algunos siembran dudas, nosotros sembramos futuro”.

Las palabras tenían destinatario. El panismo tamaulipeco, al que Cepeda acusó de haberse convertido en fábrica de mentiras, en un intento de encubrir la corrupción y podredumbre del pasado reciente.

La respuesta, dijo, no será con discursos huecos sino con hechos: obras a la vista de todos, transparencia en cada acción y puertas abiertas frente a cualquier insinuación.

El discurso de este lunes no fue casual. Fue político. Américo y su equipo saben que los números de pobreza pesan más que cualquier declaración de la oposición. Y por eso, mientras unos gritan “crisis”, el gobierno responde con “resultados”.

La batalla ya no es sólo en las urnas. Es en la narrativa. Y ahí, el gobierno de Américo quiere dejar claro que se reconstruye a Tamaulipas con datos, obras y una estrategia social que empieza a mostrar sus frutos.

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En Tamaulipas, la escasez de agua no solo dejó de ser un problema técnico: se volvió un negocio. La renta de pipas, que debería ser un recurso emergente para atender colonias sin abasto, se convirtió en una mina de dinero para unos cuantos.

La diputada local Elvia Eguía Castillo levantó la voz en el Congreso: urge auditar ingresos y gastos de las Comapas, porque en algunos municipios se destinan entre 300 mil y hasta un millón de pesos al mes en este rubro. ¿Cómo justificar ese gasto cuando en ciertos casos las Comapas tienen pipas propias guardadas o subutilizadas?

La respuesta es simple: corrupción. Las pipas se convirtieron en un negocio particular, un sistema paralelo de distribución donde no hay controles claros ni transparencia. Hoy se desconoce a quiénes se les renta, cuántas unidades circulan al día y cuánto realmente cuesta el servicio.

La diputada morenista lo dijo sin rodeos: “Tenemos muchas fugas de dinero por malos manejos de las Comapas”. 

Y no se refiere solo a la infraestructura hidráulica, sino a los bolsillos de quienes encontraron en la crisis del agua un mercado rentable.

Los organismos operadores de agua, atrapados en la ineficiencia, hacen que la renta de pipas sea la salida recurrente para cubrir sectores irregulares, colonias altas o comunidades sin presión suficiente. 

Pero ese “servicio emergente” se transformó en un negociazo sin candados de control.

La exigencia es clara: auditorías. Saber con precisión cuántas pipas se venden o rentan por día, cuánto se paga realmente, quién las controla y hacia dónde va ese dinero. 

De lo contrario, seguiremos viendo cómo la crisis hídrica se traduce en jugosos contratos que se reparten bajo la mesa.

En un Estado donde cada gota cuenta, no se puede permitir que la necesidad de agua potable se convierta en pretexto para inflar facturas y enriquecer a unos cuantos. Auditar las pipas es auditar la corrupción.