Transparencia sin mordazas
En tiempos en los que la censura regresa disfrazada de legalidad, cuando en estados como Puebla y Campeche se imponen mecanismos de vigilancia judicial sobre periodistas críticos, resulta obligado reconocer lo que ocurre en Tamaulipas: aquí, la libertad de expresión no sólo se respeta, sino que se ejerce sin temor.
Sin pasar por alto la sentencia que le impusieron a la señora Karla Estrella, de Hermosillo Sonora, ‘en agravio’ a la diputada local Diana Karina Barreras, esposa del legislador federal, Sergio Gutiérrez Luna, a quien aludió indirectamente en su publicación, y quien en el proceso legal permaneció como “dato protegido”. Y mientras en Campeche, la gobernadora Layda Sansores fue señalada por influir en decisiones judiciales para imponer un ‘sensor’ de vigilancia a un periodista —literalmente para monitorear lo que escribe y dice—, en Tamaulipas el escenario es distinto. El gobierno de Américo Villarreal Anaya no ha emprendido ningún acto de persecución, censura o amedrentamiento contra medios o comunicadores. Tampoco ha usado el aparato del Estado para deslegitimar la crítica o condicionar la información.
Ese contexto vuelve aún más relevante la decisión tomada recientemente: la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorbe las funciones del desaparecido Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT), manteniendo viva y operante la garantía de acceso a la información pública.
Sí, el ITAIT desapareció, pero no desapareció el derecho a saber ni el deber del gobierno de rendir cuentas; por el contrario, el nuevo órgano —Transparencia del Pueblo de Tamaulipas— es parte de una reestructura que refuerza la vigilancia interna al estar bajo la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Es un mensaje claro: la transparencia no se disuelve, se fortalece.
Y más allá del cambio institucional, el simbolismo cuenta. Cuando muchos gobiernos prefieren el silencio cómodo y el control de la narrativa oficial, el hecho de que en Tamaulipas se hable de buen gobierno, de anticorrupción y de transparencia del pueblo, es más que semántica: es voluntad política.
Américo Villarreal ha entendido que gobernar no significa imponer, sino explicar; que escuchar la crítica es más útil que perseguirla, que hablar de transparencia no es adornarse con discursos, sino abrir los datos, los contratos, los presupuestos y, sobre todo, las decisiones.
La verdadera transparencia no está en la existencia de un instituto, sino en el compromiso real del poder público con la rendición de cuentas. Un gobierno puede tener una oficina con nombre rimbombante, pero si oculta la información, ignora solicitudes o castiga la crítica, está traicionando el derecho ciudadano. En Tamaulipas se optó por el camino inverso: consolidar la vigilancia interna y abrir los datos como política pública.
Además, el momento no es menor. Tamaulipas está en una etapa de reconfiguración institucional después de años marcados por tensiones políticas y desconfianza ciudadana. Apostar por la transparencia, sin imposiciones ni simulaciones, es también una manera de reconciliar al gobierno con la sociedad y de construir una nueva legitimidad desde la honestidad.
Por eso, mientras en otras entidades se imponen candados a la libertad de prensa o se normalizan los privilegios fiscales ocultos, aquí se toma una decisión que, aunque técnica en apariencia, tiene un fondo profundamente democrático. Porque la transparencia sin censura no es solo una política de gobierno: es una garantía de libertad.
Y LLEGA LA SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN
El paquete de reformas aprobado recientemente por el Congreso local no sólo replantea la arquitectura institucional del combate a la corrupción, sino que refuerza —y no elimina— el derecho ciudadano de acceso a la información. Lo que desaparece es el desorden, y eso, en materia pública, equivale a dar un paso civilizatorio.
El nuevo modelo gira en torno a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, una dependencia que no llega a improvisar, sino a consolidar. Bajo su techo se concentran las funciones del desaparecido ITAIT y de la Contraloría gubernamental, dos entes que históricamente navegaron entre la burocracia, la descoordinación o la franca inoperancia.
Ahora, bajo un diseño más eficiente, esas tareas sobreviven pero fortalecidas.El acceso a la información pública no se borra: se moderniza, se articula y se sujeta a nuevas exigencias de fiscalización, eficiencia presupuestaria y vigilancia del poder. Porque el verdadero reto no es solo garantizar el derecho a saber, sino que ese derecho sirva para algo.
La nueva estructura tendrá alcance en todo el aparato estatal: 17 dependencias, 36 entidades paraestatales, 43 municipios, 47 organismos públicos descentralizados municipales, y todos los órganos de control de los tres poderes, organismos autónomos, sindicatos, partidos y entidades clave como la Fiscalía, el Ietam, la UAT o la Codhet.
Más que una reingeniería institucional, lo que se está poniendo en marcha es un sistema integral de vigilancia pública. No es solo reformar por reformar. Es corregir el rumbo. Y eso, en un país plagado de simulaciones, importa.
En el evento de instalación, la secretaria Norma Angélica Pedraza Melo no solo recibió el cargo: también le puso freno a los rumores malintencionados que intentaron presentar esta reforma como un intento de controlar la información. Nada más falso. A diferencia de lo que ocurre en estados como Campeche —donde se instalan “sensores” judiciales para vigilar lo que dice un periodista— en Tamaulipas la transparencia no se persigue: se respalda.
El propio gobernador Américo Villarreal dio un mensaje que vale destacar: refrendó que su administración no está adquiriendo deuda, y que, por el contrario, la deuda pública se ha reducido en más de 750 millones de pesos. Lo que se gestiona —dijo— son adelantos de participaciones que servirán para mejorar la seguridad y la infraestructura en la frontera norte; es decir, recursos usados con visión, no como boquetes fiscales.
Y en medio de todo esto hay un mensaje político claro: el combate a la corrupción ya no se sostiene en declaraciones, sino en estructuras reales, con órganos que vigilen, sancionen, exijan y respondan. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no es una oficina más. Puede ser el nuevo corazón del control público en Tamaulipas, si se le da continuidad y autonomía.
Porque si algo ha enseñado este país es que sin vigilancia eficaz, la corrupción no se combate… se institucionaliza. Y hoy, Tamaulipas elige el otro camino.
