Makito: los puentes de la discordia y el estadio del silencio
Dos concesiones municipales exhiben el doble rasero del Ayuntamiento: mientras una enfrenta toda la fuerza del gobierno, otra sigue intacta pese a incumplir el compromiso que justificó su entrega.
Hay una máxima de la vieja escuela del autoritarismo mexicano que hoy encuentra un eco perfecto en el norte de Tamaulipas: "Para los amigos, gracia y justicia; para los enemigos, la ley a secas". En el Reynosa de Carlos Peña Ortiz, esa lógica se aplica con un criterio quirúrgico. La ley no se ejerce con el mismo rigor ni con la misma velocidad para todos; depende, única y exclusivamente, de quién esté sentado del otro lado del escritorio.
El ejemplo más nítido de este doble rasero se encuentra en dos bienes de propiedad municipal: los puentes peatonales de la ciudad y el Estadio de Beisbol Adolfo López Mateos. Dos concesiones, dos historias diametralmente opuestas y una misma pregunta de fondo: ¿por qué el Ayuntamiento actúa con furia implacable en un caso y con una paciencia infinita en el otro?
El garrote contra la prensa
Por un lado, el alcalde ha decidido enfilar sus baterías contra Brando Deándar y el periódico El Mañana de Reynosa, amagando con retirar la concesión de los puentes peatonales. El discurso oficial se cobija en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recuperación del patrimonio municipal. En el papel, exigir que una concesión se ajuste a la legalidad no sólo es válido; es una obligación de cualquier autoridad.
Sin embargo, la virulencia con la que se ha manejado el proceso, las descalificaciones públicas desde el púlpito del poder y el contexto de confrontación abierta contra el diario hacen inevitable leer este procedimiento administrativo como lo que realmente es: un garrote político disfrazado de legalidad.
Pero esa rigidez institucional se desvanece sospechosamente cuando la mirada apunta hacia el Estadio Adolfo López Mateos.
El silencio en el diamante
Ahí el beneficiario es Grupo Burgos, consorcio encabezado por Jorge García Velasco, cuya concesión ofrece un contraste que raya en el cinismo.
Primero vino la inversión pública: con recursos del municipio se destinaron más de 24 millones de pesos de los reynosenses para rehabilitar y acondicionar el estadio, modernizando un inmueble para dejarlo listo en manos de un particular.
Después vino el compromiso: el convenio obligaba a Grupo Burgos a traer a Reynosa una franquicia de la Liga Mexicana de Beisbol en un plazo máximo de dos años.
Ese plazo ya venció y el dogout profesional sigue vacío; la franquicia nunca llegó. En su lugar, durante la primavera de este 2026, la administración municipal vistió de fiesta unos simples juegos de pretemporada de los Rieleros de Aguascalientes. Un espectáculo de fin de semana que, si bien agradó a la afición, no sustituye el compromiso legal de una franquicia permanente.
A pesar del evidente incumplimiento del contrato, la concesión de Grupo Burgos permanece intacta. El estadio se sigue explotando para entrenamientos privados, conciertos y espectáculos comerciales sin que el Ayuntamiento exija cuentas. ¿Por qué con unos se revisa hasta la última coma y con otros se tolera el paso del calendario sin consecuencias?
Las cortinas del amparo negado
La respuesta no se encuentra en las leyes del derecho administrativo, sino en la temperatura del tablero político.
Precisamente en este mes de julio de 2026, una reciente resolución judicial federal le negó al alcalde un nuevo intento de frenar, por la vía del amparo, la orden de aprehensión que arrastra por presunto lavado de dinero. Sin prejuzgar el desenlace de los tribunales, este revés agrava seriamente su escenario legal y dispara la presión política sobre el Palacio Municipal.
Acorralado por sus propios expedientes, el endurecimiento selectivo de las concesiones y la fabricación de pleitos mediáticos huelen más a una estrategia de distracción que a un auténtico celo por el patrimonio de la ciudad.
En Reynosa la balanza de la justicia municipal está claramente descalibrada. Cuando la ley se usa para castigar a los críticos mientras se solapan los incumplimientos de los aliados, el gobierno pierde la autoridad moral para hablar de legalidad.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.
