Reforma política: Sheinbaum, a prueba

Razones para cambiar el sistema electoral o la composición del Congreso hay muchas. Pero también interrogantes a considerar: ¿para conseguir qué? ¿Y se definiría cómo? Es decir, ¿qué se pretende con el nuevo sistema y cómo haremos para diseñarlo?

Comencemos por esto último. La presidenta Claudia Sheinbaum ha elegido un procedimiento que le asegura mantener el control sobre la propuesta, con una comisión formada exclusivamente por funcionarios del poder ejecutivo, todos bajo sus órdenes. Y se supone que la 4T tiene las mayorías constitucionales para convertir en ley tal propuesta. Es comprensible que lo anterior tenga a la oposición con los nervios de punta.

Sin embargo, habría dos matices importantes que, si bien no invalidan este temor, debemos tener en cuenta. Uno, la convocatoria lanzada permitiría foros de discusión abiertos para criticar y proponer sugerencias. En principio eso no asegura nada, porque son meramente deliberativos y el ejercicio pasado sobre la reforma judicial mostró que sirvieron para muy poco. Pero también es cierto que una y otra vez la propia presidenta ha intervenido sobre los proyectos legislativos para modificar o suavizar algunos aspectos controvertidos. Normalmente, lo hizo para evitar que la clase política mantuviera privilegios o en respuesta a la inconformidad manifiesta de la opinión pública. Temas como la prohibición del nepotismo o la no reelección lo muestran.

Se dirá que hizo muy poco para intervenir en el tema de la elección popular de los jueces, cuya primera versión dejó mucho que desear, pero también habría que decir que fue un proyecto nacido y ejecutado bajo la lógica de su predecesor. Y con esto no pretendo sostener que Sheinbaum sea contraria a la reforma judicial aprobada en el período de López Obrador, simplemente asumo que en una versión “segundo piso” el diseño y la logística habría sido menos improvisada y arbitraria.

Una razón para asegurar una comisión tan cerrada en esta ocasión, es también una manera de evitar “colados” de otras corrientes, incluso de Morena, que en el pasado han metido autogoles. Buscaría tener, al menos, una propuesta inicial a su satisfacción, aunque luego sea ajustada en cámaras. La reforma electoral y política llevará su sello personal en todos los sentidos.

Y el segundo matiz es que no todo depende de la voluntad de Palacio Nacional. Morena necesita de los partidos aliados para conseguir la mayoría constitucional que exige esa reforma. En condiciones normales la tiene asegurada. Pero ahora se trata del interés de los propios aliados, toda vez que Sheinbaum no ha escondido que desea disminuir presupuesto a los partidos y eliminar el reparto gangsteril que hoy hacen las dirigencias de las plurinominales. Tras la propuesta que envíe el ejecutivo, habrá luego una negociación de pronóstico reservado.

Eso por lo que toca al procedimiento. Pero más importante que el cómo será el qué; el resultado final. Los críticos temen que la reforma político electoral tenga por objetivo garantizar el poder absoluto para la primera fuerza política. Y no dudo que más de un cuadro obradorista está convencido de que hay una legitimidad ética para hacerlo así, bajo el argumento de que un gobierno en favor del pueblo necesita tiempo para conseguir la transformación del sistema.

Sin embargo, la presidenta y las corrientes más modernas del movimiento sostienen que el saneamiento de las estructuras políticas es necesario para destapar el control que la partidocracia ejerce en el sistema de representación y en el proceso electoral. Cualquier diagnóstico, superficial o profundo, daría la razón a esta primicia inicial. Las elecciones en México son singularmente caras y han dado lugar a una partidocracia engordada y parasitaria; las 200 curules y 32 escaños plurinominales, en teoría diseñados para representar a las minorías, en realidad están controlados por las dirigencias de los partidos y el cuatismo político. Urge cambiarlo.