Drones sobre el río
En la línea que divide a Tamaulipas del sur de Texas, la tecnología se ha convertido en el nuevo rostro de una amenaza conocida. No es un misil ni un convoy armado ni una persecución en brechas o campos; es un dron. Pequeño, silencioso, difícil de detectar, pero cargado de información o, en algunos casos, de droga. La jefa del sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza, Gloria Chávez, lo ha dicho con claridad. En los últimos tres años han detectado 155 mil sobrevuelos no autorizados a lo largo de la frontera con México. No son drones recreativos, son herramientas de vigilancia operadas por organizaciones criminales que espían las operaciones de seguridad de Estados Unidos. Es, en palabras de la funcionaria, una amenaza muy seria.
Lo que ocurre en esa línea fronteriza tiene un impacto directo sobre Tamaulipas. La cercanía geográfica con Texas, la presencia de grupos criminales, la dinámica intensa de comercio, migración y seguridad convierten al estado en un punto neurálgico de la discusión. Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y toda la ribereña. Nombres que aparecen una y otra vez cuando se trata de rutas, decomisos, operativos y, ahora, también, como escenarios de una guerra tecnológica silenciosa, en la que los drones representan una ventaja táctica para el crimen organizado, que sirven para grabar, observar, anticipar y, eventualmente, como ya ocurrió, para transportar droga por vía aérea.
No es un tema nuevo, pero sí ha escalado. El dato más revelador ofrecido por Chávez es que el uso de drones comenzó a documentarse sistemáticamente desde febrero de 2022. Desde entonces, las cifras han crecido de forma exponencial. Tan solo el año pasado, un dron cargado con cocaína cruzó el río Bravo. Eran siete libras, una cantidad modesta en términos de contrabando, pero inmensa en cuanto al mensaje que representa. El crimen está dispuesto a innovar, a adaptarse, a incorporar cualquier tecnología que le permita operar con mayor impunidad.
La respuesta de Estados Unidos ha sido el reforzamiento de su frontera con más personal, más patrullajes y una inversión creciente en tecnología para contrarrestar esta nueva táctica. Chávez asegura que ahora, con la baja en los flujos migratorios, pueden enfocar más recursos a enfrentar esta modalidad de vigilancia criminal. La presencia de más de 16 mil elementos de diversas agencias norteamericanas a lo largo de la frontera lo confirma. No es casualidad que este tema haya ganado prioridad en las reuniones de seguridad bilateral.
Tampoco es casual que este nuevo episodio ocurra mientras Donald Trump ha comenzado a retomar la narrativa del combate transfronterizo contra los cárteles mexicanos. En meses recientes, el expresidente estadounidense ha sugerido enviar tropas a territorio mexicano para enfrentar directamente a los grupos criminales. Aunque no hay una propuesta formal en curso, el eco de sus palabras ha reactivado un viejo temor: La posibilidad de que la cooperación binacional pierda el carácter civil y diplomático para convertirse en un ejercicio de presión militar unilateral. Frente a esto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido tajante: México no permitirá la intervención de tropas extranjeras. No por simpatía con los criminales, sino por soberanía.
En ese posicionamiento, Sheinbaum ha sido clara y firme: ha reconocido que Trump ofreció apoyo militar para combatir al crimen organizado y, también, que México rechazó esa posibilidad. La decisión no es menor. Implica asumir el control del problema, hacerse responsable, mantener la soberanía como principio rector de la política exterior pero, también, estar a la altura del desafío. Porque si no se actúa con contundencia desde el lado mexicano, el argumento de la inacción será usado como justificación para nuevas presiones o medidas unilaterales.
Hay que decirlo: ciudades tamaulipecas, especialmente en la frontera, viven esa tensión todos los días. No es solo una cuestión de drones, es una realidad marcada por la vigilancia, el miedo, la sospecha. Es una región donde las estrategias criminales cambian con rapidez, mientras las instituciones hacen esfuerzos por adaptarse a nuevas amenazas. El espacio aéreo de baja altura se ha convertido en un terreno disputado. Lo que antes se hacía con halcones humanos, ahora se hace con drones que transmiten video en tiempo real los cruces de información, los puntos ciegos, los relevos de guardias. Todo se graba, todo se analiza, todo puede ser explotado.
La relación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad fronteriza ha sido siempre tensa, pero también profundamente recíproca. Washington sabe que sin cooperación mexicana no hay estrategia posible para contener el flujo de drogas. Y México sabe que sin inteligencia estadounidense es más difícil enfrentar a las redes internacionales de tráfico. Pero el equilibrio se rompe cuando uno de los dos actores cree que el otro no está haciendo lo suficiente. Hoy, ese punto de quiebre puede estar acercándose. Las advertencias del Departamento de Justicia norteamericano sobre corrupción en las aduanas mexicanas y los reportes del FBI sobre estructuras criminales binacionales apuntan a que la tensión podría escalar.
Tamaulipas no es solo frontera, es un espacio de tránsito, pero también de destino. Es una región que ha aprendido a sobrevivir entre operativos y rumores, entre retenes y rutas clandestinas; por eso, cada señal de alerta que surge desde el otro lado de la línea, preocupa. Porque aquí es donde se sienten los efectos, donde llegan las consecuencias, donde se despliegan los operativos. Las decisiones que se tomen en Washington o en la Ciudad de México se traducen en patrullajes, en cateos, en cambios en la rutina de miles de personas.
El desafío está en encontrar un equilibrio entre la defensa de la soberanía y la urgencia de actuar. El dron, convertido en herramienta de la ilegalidad, es una señal clara de que el crimen va un paso adelante. El Estado debe responder con inteligencia, coordinación y firmeza antes de que esas pequeñas máquinas definan las nuevas estrategias del delito.
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