El 19 de octubre de 2001, policías de la entonces Procuraduría General de la República rescataron a Pedro después de 29 días de un violento secuestro. Han pasado 25 años y sigo agradeciendo a quienes le devolvieron la libertad. Al recordar lo que hicieron por nosotros, también me pregunto qué pasó con el país que entonces intentábamos construir. En 2001 acabábamos de vivir la primera alternancia presidencial. Había entusiasmo y expectativas de cambio. Como país, habíamos construido un IFE y una CNDH con autonomía constitucional. En los años siguientes se fortalecieron las capacidades de investigación, los mecanismos de transparencia y las herramientas contra la corrupción. No éramos una democracia consolidada, teníamos instituciones imperfectas, pero también un camino para mejorarlas.
La inseguridad nos obligó a organizarnos. En junio de 2004 salimos a las calles en la Marcha Blanca. Exigíamos investigaciones, cambios legales y autoridades capaces de protegernos. A lo largo de tres gobiernos se construyeron unidades antisecuestro, una ley general en la materia y se establecieron mecanismos de coordinación nacional. Hubo avances, retrocesos y una exigencia ciudadana que produjo respuestas.
Sin embargo, la reducción de los registros de secuestro no significó recuperar la seguridad. El cobro de piso extendió otra forma de sometimiento que obliga a entregar dinero una y otra vez bajo amenazas y violencia. Un secuestro de la economía familiar por tiempo indefinido.
La violencia letal tampoco regresó a los niveles de entonces. La tasa preliminar de homicidios de 2025 fue de 21.4 por cada cien mil habitantes, frente a 10.2 en 2001.
Las desapariciones ofrecen otro contraste doloroso. Según el Registro Nacional, consultado este jueves, 982 personas desaparecidas durante el sexenio de Vicente Fox continúan sin ser localizadas.
En poco más de dos años del gobierno de Sheinbaum, la cifra asciende a 20,442. El subregistro histórico y el mayor tiempo transcurrido para localizar a las personas impiden medir el aumento con exactitud. Aun con esas limitaciones, la dimensión de la tragedia humanitaria actual es inocultable.
Por otro lado, la corrupción y la falta de atención a los pobres en los gobiernos anteriores alimentaron el desencanto. Con López Obrador, ese rechazo abrió paso al desmantelamiento de instituciones que debíamos mejorar.
La Policía Federal fue destruida, se creó una Guardia Nacional militar y se amplió el poder verde olivo en seguridad, infraestructura y negocios. Esa expansión no estuvo acompañada de mejores mecanismos de rendición de cuentas ni del fortalecimiento de las policías locales y fiscalías. Con su política de "abrazos, no balazos" se afianzaron las redes político-criminales, se multiplicaron las extorsiones, el reclutamiento, los asesinatos y las desapariciones.
La concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos iniciado en 2018 y continuado por Sheinbaum agravaron el problema. Desaparecieron o debilitaron organismos autónomos, mientras que la elección judicial no garantiza preparación ni independencia. V-Dem clasifica a México como una autocracia electoral, es decir, las elecciones, por sí solas, no aseguran límites al poder.
Con Sheinbaum se ha buscado reconducir la seguridad y deben reconocerse las reducciones delictivas. El reto es sostener esos resultados con instituciones civiles duraderas, protección para las víctimas y rendición de cuentas de los políticos, en particular los de su partido que han sido señalados.
Hace 25 años, unos policías devolvieron la libertad a Pedro. Su trabajo merecía instituciones capaces de cuidarlos, perdurar y mejorar. Construir instituciones civiles de seguridad al igual que la democracia exigió años, esfuerzo ciudadano y muchas vidas. Destruirlas no ha tenido ningún costo para quienes decidieron hacerlo.
La deuda sigue pendiente con quienes esperan que el Estado llegue y con los jóvenes que merecen conocer la democracia como una experiencia propia, no como el recuerdo de otros.
*Presidenta de Causa en Común
