El congelamiento de cuentas por parte de la UIF a los presuntos involucrados en la red señalada por la OFAC hace cada vez menos creíble que todo fuera un problema administrativo.
Hay acusaciones concretas y medidas financieras que deberán enfrentar por las vías legales.
No son una sentencia, pero tampoco se borran con un comunicado ni con una fotografía rodeados de compañeros de partido.
Las sanciones no acreditan por sí solas la culpabilidad penal de nadie. Las autoridades deben sustentar sus decisiones y los afectados pueden impugnarlas.
Pretender que aquí no hay nada que explicar es tomar a los ciudadanos por idiotas.
Si todo fue un error, que lo demuestren.
Ya tuvieron bastante tiempo para aclarar aquel famoso trámite.
Si esto fuera una serie de televisión, habría comenzado con una infracción de tránsito.
Unos capítulos después, el infractor sería señalado como presunto jefe de una red de robo de vehículos que opera a ambos lados de la frontera.
Así de lejos quedó la historia que nos contaron al principio.
Pasamos del cursi comunicado del 10 de mayo de 2025 sobre la cancelación de las visas a filtraciones de audios, versiones sobre posibles imputaciones criminales y, esta semana, al congelamiento de cuentas.
Ahora hay señalamientos de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Vaya manera de aclarar un asunto administrativo.
Carlos Torres, quien hasta el 9 de mayo de 2025 era considerado el hombre políticamente más poderoso de Baja California, protagoniza uno de los desplomes políticos más aparatosos desde los tiempos de Xicoténcatl Leyva Mortera.
Su poder no aparecía en un organigrama, pero pocos dudaban de su influencia en candidaturas, nombramientos y decisiones de gobierno.
Ahora veremos cuántos de sus beneficiarios recuerdan siquiera haberlo conocido.
En esta telenovela hay de todo. Señalamientos de corrupción y vínculos criminales, traiciones, el divorcio de la mandataria estatal, versiones de espionaje, grabaciones, filtraciones y encarnizado fuego amigo.
Se habla de manejos multimillonarios y el escándalo ya cruzó la frontera.
Falta que nos digan que también fue culpa de los conservadores.
Si Bonnie Parker se hubiera separado de Clyde Barrow, la ruptura no la habría eximido de responder por los delitos en los que hubiera participado.
Un divorcio termina un matrimonio, no borra responsabilidades.
Aquí deberán acreditarse las conductas de cada persona, pero el acta de divorcio no sustituye una investigación.
Los señalados tienen derecho a defenderse.
Los ciudadanos tenemos derecho a exigir cuentas a quienes gobiernan o llegaron al poder bajo el cobijo de ese grupo.
Tampoco basta cambiar la foto familiar para dar por terminado el asunto público.
Mientras ellos se graban, se traicionan y se deslindan, Baja California sigue a la deriva.
Para repartirse el poder eran una familia; para rendir cuentas, ya ni se conocen. Qué cómodo divorciarse del marido y pretender que también se divorció de su propio gobierno.
A los ciudadanos nadie nos ha concedido esa separación que, por cierto, nos urge.
