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¿Quién cuidará de Enrique cuando ya no quede nadie?

¿Quién cuidará de Enrique cuando ya no quede nadie?

Actualizado: 20 de Noviembre, 2026, 09:16 PM

El pasado 14 de noviembre, en las calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, fue encontrado Enrique, un hombre de aproximadamente 40 años con aparente discapacidad intelectual. Llevaba consigo una bolsa con ropa limpia estaba desorientado y, entre lágrimas, pedía regresar con su mamá. Según los reportes periodísticos, su madre había fallecido hace aproximadamente quince años y su hermano, quien se encargaba de cuidarlo, murió el año pasado.

Su historia comenzó a circular en redes sociales y, gracias a la intervención de vecinos y a la difusión de su caso, dos de sus primos acudieron a buscarlo. El desenlace produjo alivio e indignación. Sin embargo, entre las reacciones de solidaridad y los cuestionamientos sobre las responsabilidades familiares, parece haberse extraviado una pregunta mucho más importante: ¿Qué sucede en México con las personas con discapacidad, así como con aquellas neurodivergentes -incluidas las personas con trastorno del espectro autista- que requieren cuidados o apoyos continuos, cuando pierden a quienes se los proporcionan y carecen de una red familiar o institucional que garantice su continuidad?

El caso de Enrique permite advertir una problemática estructural insuficientemente atendida en nuestro país: la falta de mecanismos institucionales capaces de garantizar la continuidad de los cuidados y apoyos cuando desaparecen las redes familiares que los proporcionan.

La dimensión del problema resulta difícil de ignorar. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), alrededor de 58.5 millones de personas requieren cuidados en México, equivalentes al 46 por ciento de la población. Entre ellas se encuentran 17 millones de personas adultas mayores, 6.3 millones con discapacidad o dependencia, casi 11 millones de niñas y niños menores de seis años y 25.3 millones de personas de entre seis y diecisiete años.

Estas cifras revelan que los cuidados no constituyen una necesidad excepcional ni una responsabilidad exclusiva de determinadas familias, sino una realidad que atraviesa distintas etapas de la vida, porque, aunque no todas las personas requieren la misma intensidad de asistencia, millones necesitan algún tipo de acompañamiento, supervisión o apoyo para desarrollar sus actividades cotidianas. La pregunta, entonces, no es solamente quién necesita cuidados, sino quién puede garantizarlos cuando desaparece la persona que habitualmente los proporciona.

En México, buena parte de esta responsabilidad continúa descansando sobre las familias. El propio IMCO estima que 31.6 millones de personas mayores de quince años realizan labores de cuidado sin recibir remuneración, y tres de cada cuatro son mujeres. Detrás de estas cifras existen madres, hermanas, hijas y abuelas que destinan una parte considerable de sus vidas a sostener el bienestar de otras personas, frecuentemente sin reconocimiento ni respaldo institucional suficiente.

El problema adquiere otra dimensión cuando quienes cuidan envejecen, enferman o fallecen. ¿Qué ocurre con una persona adulta con discapacidad intelectual que durante décadas recibió el acompañamiento de su madre? ¿Quién garantiza sus apoyos cuando muere su último familiar cercano? ¿Qué institución debe intervenir cuando desaparece su red de cuidado?

La urgencia será todavía mayor durante las próximas décadas. Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población retomadas por el IMCO, las personas de 65 años o más pasarán de representar el 9 por ciento de la población en 2025 al 18 por ciento en 2050. En contraste, la proporción de niñas y niños de cero a nueve años disminuirá del 16 al 11 por ciento durante el mismo periodo.

Esta transformación demográfica anticipa un incremento en las necesidades de cuidado de largo plazo y una modificación de la estructura familiar que tradicionalmente ha permitido atenderlas.

México envejece, pero sus mecanismos institucionales de protección todavía no ofrecen respuestas suficientemente articuladas. Si actualmente la continuidad de los cuidados depende en gran medida de la familia, ¿qué sucederá cuando las redes familiares sean cada vez más reducidas o insuficientes?

La experiencia internacional demuestra que existen otras formas de organizar los cuidados. Suecia contempla servicios de asistencia personal y viviendas con apoyos; España dispone de un sistema de atención a la dependencia, y Australia cuenta con mecanismos de financiamiento individualizado para determinados servicios. Aunque estos modelos no están exentos de dificultades, comparten una premisa fundamental: la continuidad de los cuidados no puede depender exclusivamente de la disponibilidad de familiares.

Desde una perspectiva jurídica, esta discusión tampoco puede limitarse a la beneficencia. El artículo 1.º de la Constitución mexicana establece obligaciones estatales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Asimismo, el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, mediante el acceso a servicios de asistencia personal y otros apoyos que permitan ejercerlo efectivamente.

México ha comenzado a sentar las bases de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados. Sin embargo, este sistema todavía no opera de manera integral y articulada en todo el territorio nacional. La distancia entre el reconocimiento de las necesidades de cuidado, la asignación presupuestaria y la existencia de servicios efectivos representa uno de los desafíos fundamentales para convertir las políticas públicas en garantías efectivas.

El problema también se advierte en las prioridades presupuestarias. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Anexo 31 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 propone destinar 475 mil 959.7 millones de pesos a la consolidación de una sociedad de cuidados, lo que representa una disminución real del 1.6 por ciento respecto del presupuesto aprobado para 2026.

Pero la distribución de esos recursos resulta todavía más reveladora. Según el mismo análisis, el 77.6 por ciento del presupuesto propuesto se concentraría en transferencias monetarias, mientras que los recursos clasificados para servicios o bienes disminuirían 40.6 por ciento y aquellos dirigidos a personas cuidadoras se reducirían 56.7 por ciento. Aunque las transferencias económicas son importantes, por sí solas no garantizan asistencia personal, acompañamiento cotidiano ni alternativas de vivienda para quienes pierden a sus cuidadores.

En el caso de las personas con discapacidad, el CIEP identifica 37 mil 20 millones de pesos dentro del presupuesto propuesto para 2027. De ellos, 35 mil 426 millones corresponderían a transferencias monetarias, frente a 840 millones destinados a servicios o bienes y 753.6 millones a infraestructura, equipamiento o mantenimiento. La diferencia evidencia una orientación presupuestaria que privilegia el apoyo económico frente a la prestación directa de servicios.

Estas cifras no significan que los subsidios sean innecesarios, sino que muestran los límites de una política que puede reconocer económicamente una necesidad sin garantizar las condiciones materiales para atenderla. Una transferencia monetaria no sustituye automáticamente a quien proporciona cuidados, ni asegura que exista personal capacitado, asistencia domiciliaria o una red institucional disponible cuando una familia deja de poder responder.

Por ello, el verdadero desafío consiste en superar la distancia entre el diseño de las políticas públicas y su implementación, mediante mecanismos capaces de anticipar la pérdida de cuidadores, garantizar la continuidad de los apoyos y evitar que una persona quede desprotegida por la desaparición de su red familiar. Porque reconocer el derecho al cuidado representa apenas el punto de partida; garantizar su ejercicio efectivo constituye la verdadera obligación del Estado.

Uno de los principales retos consiste en lograr que las instituciones de asistencia social, salud y protección de derechos, en coordinación con las autoridades locales, cuenten con procedimientos claros y eficaces de identificación temprana, evaluación individual de necesidades y activación oportuna de alternativas de vivienda, asistencia personal y acompañamiento comunitario.

Estas medidas deberán implementarse con pleno respeto a la voluntad, las preferencias, la autonomía y la capacidad jurídica de cada persona, sin que la discapacidad o el diagnóstico de trastorno del espectro autista constituyan, por sí mismos, una justificación para imponer medidas de institucionalización o internamiento involuntario. El objetivo debe ser garantizar apoyos adecuados, no sustituir injustificadamente la capacidad de decisión de quienes los reciben.

En suma, un Estado que actúa únicamente cuando una persona aparece abandonada en la calle llega demasiado tarde. La protección efectiva exige instituciones capaces de acompañar las distintas etapas de la vida, anticipar situaciones de desprotección y asegurar que los derechos no desaparezcan cuando fallece quien ayudaba a ejercerlos.

Una política de cuidados debe medirse también por las emergencias que consigue evitar.

La historia de Enrique tuvo, al menos según los reportes conocidos, una respuesta familiar que permitió retirarlo de la situación en la que fue encontrado. Pero su caso deja al descubierto una interrogante que trasciende a una persona, una familia y una ciudad: ¿cuántos Enriques existen en México cuyos problemas todavía no se han vuelto virales?

En el fondo, la pregunta que México debe hacerse no es solamente quién abandonó a Enrique, ni quién abandona a tantas otras personas con discapacidad o neurodivergencia cuando desaparecen sus redes familiares de cuidado, sino quién asumirá la responsabilidad de garantizarles la protección, los derechos y los apoyos que necesitan cuando ya no quede nadie que pueda cuidar de ellas.