Hace cuatro siglos, John Donne escribió que ningún hombre es una isla y que nadie debe preguntar por quién doblan las campanas, porque doblan por todos. Pocas sentencias describen mejor la hora del sindicalismo mexicano: lo que se decide en un contrato colectivo se decide para toda la clase trabajadora.
En septiembre de 2026, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó una desocupación de 2.8%: de cada cien personas que trabajan o buscan trabajo, menos de tres no tienen empleo. La cifra engaña por dos razones. Primera: basta haber trabajado una hora en la semana, con o sin prestaciones, para contar como ocupado; por eso convive con una informalidad de 54.3%, 32.6 millones de personas sin seguridad social. Segunda: solo es desempleado quien busca trabajo; quien se cansa de buscar sale de la estadística. Eso revela la caída de la participación económica, de 59.6% a 58.5%: el desempleo baja sin que se cree un solo empleo. Mejora en el papel, no en la vida de la gente. El Banco de México (Banxico) prevé 1.5% de crecimiento y apenas 300 mil empleos formales, la cuarta parte de lo que el país necesita.
Estos datos no son un paréntesis estadístico: describen el terreno donde se organiza -o no puede organizarse- la clase trabajadora. El trabajador informal no tiene contrato ni sindicato; quien dejó de buscarlo ni siquiera figura. Un mercado laboral precario es un mercado sin voz. No sorprende que la tasa de sindicalización en México sea de 13.5%, según el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), frente a más de 50% en Dinamarca o Noruega. Pero donde existe, el sindicato rinde: en 2026, los sindicalizados obtendrán aumentos promedio de 6.4%, contra 5.4% del resto. La reforma laboral de 2019 y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrieron una ventana democrática; falta cruzarla, y a contracorriente: las presiones también llegan de fuera.
El entorno regional no ayuda. A Bukele, Milei y Noboa se sumaron Kast en Chile, De la Espriella en Colombia, Fujimori en Perú, Paz en Bolivia, Asfura en Honduras y Fernández en Costa Rica. Esta ola ofrece desregulación y mano dura a costa de las libertades civiles. Cuando la libertad sindical se presenta como obstáculo a la eficiencia, los derechos se vuelven variable de ajuste.
El otro polo de presión está en Asia. El comercio de China con América Latina superó los 500 mil millones de dólares en 2025 y, según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), desplazó producción regional. El déficit mexicano con China llegó a un récord de 123 mil millones de dólares. Para contenerlo, y ante la presión de Washington, desde enero rigen aranceles de 5% a 50% a más de 1,400 productos de países sin tratado, sobre todo de China. En el primer cuatrimestre, el déficit no se redujo. El arancel encarece, pero no crea empleos; sin política industrial, la región seguirá atrapada entre ser proveedora de unos y plataforma de otros.
El tablero global agrava la incertidumbre. Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacan Irán; el alto el fuego de abril se derrumbó en el estrecho de Ormuz. Energía cara significa inflación y salarios erosionados. En Europa, Putin aceptó retomar en noviembre las pláticas sobre Ucrania.
De vuelta en casa, la herida es institucional. México ocupa el lugar 141 de 182 en el Índice de Percepción de la Corrupción y el último de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Transparencia Internacional alerta sobre la infiltración criminal en la política. Donde el crimen cobra derecho de piso no hay libertad de asociación: el miedo es la peor forma de desregulación laboral.
La inteligencia artificial avanza sin reglas. Según Banxico, una cuarta parte de las empresas con más de 100 trabajadores ya la usa o planea hacerlo; la CEPAL estima que 41.4% de los empleos enfrenta alto riesgo de automatización. Sin regulación, sin formación técnica ni transición pactada en los contratos, la productividad se quedará arriba y el desplazamiento abajo.
Frente a este panorama, el sindicalismo progresista, transparente y democrático no defiende solo a un gremio: es punta de lanza. Cada conquista en una mesa de negociación -un salario mejor, una jornada humana, una cláusula de capacitación- se vuelve referente para quienes no tienen sindicato ni voz. Lo que afecta a unos afecta a todos; lo que beneficia a un sector se multiplica para el conjunto.
Las campanas de Donne ya suenan: en Ormuz, en Kiev, en los puertos asiáticos, en la extorsión y en las oficinas donde un algoritmo redacta despidos. El movimiento obrero puede escucharlas como lamento o convocatoria. Cuando eligió lo segundo, ganó el país entero.
