Pero te peinas, cuñao

Cualquiera que conozca esa frase ya estará entrado en años, pero la mención le servirá no solo para recordar una de las campañas publicitarias más exitosas de la década de los 90, que incluso metió esa frase en el habla popular, sino también para recordar cómo eran las elecciones antes de esa época.

La memoria es importante si la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha de ser una que cambie lo realmente necesario y respete lo que sí funciona para garantizar la certeza y la credibilidad de las elecciones.

“Pero te peinas” era la frase que cerraba un anuncio para promover la credencial para votar con fotografía, una de las novedades de la reforma electoral de 1990. Se volvió tan popular que todavía en 2018, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la usó cuando publicó una foto cortándose el pelo en campaña.

Esa reforma fue emprendida por el gobierno y el entonces dominante PRI, junto con los partidos de oposición para corregir los vicios del sistema electoral que hicieron crisis en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari ganó la presidencia gracias a un fraude conocido como “la caída del sistema”, que suspendió el conteo de votos y manipuló los resultados.

En 1990 se creó el Instituto Federal Electoral y aunque en un principio no se separó del gobierno (el secretario de Gobernación lo presidía) sí dio más peso a los partidos y cambió las reglas de organización y conteo en las votaciones. La principal novedad fue introducir un documento de identificación en la casilla que evitaría la suplantación de electores. Tenía media docena de medidas de seguridad (fotografía, holograma, marcas, códigos) y un costo tan alto que parecía desproporcionado para algo que se usaría solo al votar. Pero todos aceptaban que ese era el precio para darle credibilidad a las elecciones.

De manera inadvertida, esas medidas de seguridad lo hicieron el documento perfecto de identificación nacional, algo que no existía en el país. Lo que en principio era una credencial solo para acceder a una casilla electoral se volvió indispensable para cualquier trámite, al punto que no hay documento con el que un mexicano interactúe más en la vida cotidiana. La confiabilidad en “la IFE” o ahora “la INE” ayudó también a elevar la confianza en las elecciones.

Es difícil creer ahora que ese plástico ubicuo nació con el propósito de limpiar elecciones y, por lo mismo, la credencial para votar con fotografía es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando las cosas se hacen bien. El primer paso fue dar confianza de que el voto contaba y que no se iba a diluir en urnas embarazadas con votos inventados. Pero no era suficiente, y fraudes en elecciones locales en la década de los 90 hicieron evidente la necesidad de más controles.

Fue así como la reforma de 1994 le quitó peso al secretario de Gobernación en el control del IFE para dárselo a seis consejeros ciudadanos. La de 1996 sacó por completo al gobierno de la autoridad electoral, creando un consejo electo por acuerdo de los partidos en el Congreso. La de 2007 tapó lagunas en la promoción de candidatos en medios de comunicación y el gasto en campañas. La de 2014 endureció los controles sobre los institutos locales que organizan las elecciones en estados y municipios.

Lo que tienen en común estos ejemplos es que todos se hicieron con el acuerdo de todos los partidos. En eso, tomaron el modelo de la reforma política de 1977, que abrió por primera vez el sistema electoral a los partidos de izquierda y creó los diputados de representación proporcional que se sentaron por primera vez en el Congreso en 1979. Pablo Gómez, ahora encargado de la reforma, fue uno de nueve plurinominales del Partido Comunista Mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado a Gómez como un especialista en reformas electorales y en eso tiene razón. Ha estado presente o cerca de todas, desde la de 1977 hace casi medio siglo. Por lo mismo, también debe saber que todas esas reformas se emprendieron cuando los distintos gobiernos respondieron a reclamos de la oposición, no cuando el gobierno actuó de manera unilateral sin que nadie se lo pidiera.