Durante décadas pensamos en México como un país joven. Una nación con millones de niños y jóvenes que, al incorporarse al mercado laboral, impulsarían el crecimiento y sostendrían a las generaciones anteriores. A esa oportunidad la llamamos bono demográfico. Parecía inagotable, pero nunca lo fue.
Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI muestran que el reloj demográfico está avanzando con mayor rapidez de la que imaginábamos. México alcanzó una población de 130.9 millones de habitantes, pero su ritmo de crecimiento se redujo a solo 0.7 por ciento anual. Entre 1990 y 1995 había sido de 2.1 por ciento. Más revelador aún es que la edad mediana de los mexicanos pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. En solo cinco años aumentó tres años. Al mismo tiempo, el promedio de hijos nacidos vivos entre las mujeres de 12 años y más disminuyó de 2.1 a 1.9. México sigue siendo un país relativamente joven, pero ya no lo será por mucho tiempo. El problema no es que estemos envejeciendo. El aumento de la esperanza de vida es, en sí mismo, una buena noticia. El problema es que corremos el riesgo de envejecer antes de haber alcanzado la prosperidad. Muchas de las economías desarrolladas llegaron a la vejez demográfica después de haber construido sistemas sólidos de salud, pensiones e infraestructura. Lo hicieron con altos niveles de productividad, ahorro e ingreso por habitante. México enfrenta ese mismo cambio desde una posición mucho más vulnerable. Nuestra economía ha crecido poco durante décadas. Más de la mitad de los trabajadores se encuentra en la informalidad. Millones de personas llegarán a la edad de retiro sin una pensión contributiva suficiente y dependerán de sus familias o del apoyo gubernamental. Al mismo tiempo, una población de mayor edad demandará más servicios médicos, medicamentos, cuidados especializados y recursos públicos.
La misma Encuesta Intercensal contiene otro dato que debe hacernos reflexionar. Entre 2020 y 2025, la proporción de hogares en los que al menos una persona recibía ingresos provenientes de programas gubernamentales aumentó de 25 a 41.4 por ciento. Esto no significa que los apoyos sociales sean innecesarios. Para millones de mexicanos representan un ingreso indispensable y una protección frente a la pobreza. Una sociedad digna no puede abandonar a los adultos mayores ni a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad. Pero una transferencia puede complementar el ingreso. No puede sustituir permanentemente el crecimiento económico, el empleo formal ni la productividad. La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿quién financiará una red de apoyos, pensiones y servicios de salud cada vez más grande cuando haya proporcionalmente menos jóvenes trabajando y la economía no genere suficientes empleos formales?
Los programas sociales se pagan con los impuestos que genera una economía productiva. Si la base de contribuyentes no crece, si la informalidad se mantiene alrededor de 55 por ciento y si la inversión sigue siendo insuficiente, llegará un momento en que las necesidades aumentarán más rápido que los recursos disponibles. Durante muchos años hablamos del bono demográfico como si su sola existencia garantizara el desarrollo. No fue así. Una población joven únicamente se convierte en una ventaja cuando recibe educación de calidad, encuentra empleos productivos y puede desarrollar plenamente sus capacidades.
Desperdiciamos una parte importante de esa oportunidad. Millones de jóvenes pasaron por escuelas que no les enseñaron suficientemente matemáticas, inglés, tecnología ni pensamiento crítico. Muchos ingresaron a la economía informal, con bajos salarios, sin seguridad social y con pocas posibilidades de ahorrar para su vejez.
Todavía estamos a tiempo de actuar, pero la ventana se está cerrando.
La primera prioridad debe ser elevar la productividad. México necesita invertir en educación, infraestructura, energía, tecnología y Estado de derecho. No podremos financiar nuestro futuro repartiendo una riqueza que no estamos generando. La segunda consiste en incorporar a más mujeres a la actividad económica. En 2025 participaba en ella 41 por ciento de las mujeres, frente a 70.6 por ciento de los hombres. Cerrar esa brecha requiere mejores sistemas de cuidados, guarderías, seguridad, transporte y condiciones laborales más flexibles. La tercera es reducir la informalidad. No se logrará únicamente con mayor fiscalización, sino facilitando la creación de empresas, simplificando el pago de impuestos y haciendo que la formalidad ofrezca beneficios reales tanto para los trabajadores como para los empleadores. También necesitamos una discusión seria y responsable sobre pensiones, salud y cuidados de largo plazo. No para reducir derechos, sino para garantizar que puedan cumplirse. Prometer beneficios sin asegurar su financiamiento puede ser políticamente atractivo hoy, pero profundamente injusto para las generaciones futuras.
La demografía no es ideología. No puede modificarse con discursos ni decretos. Los niños que no están naciendo hoy no aparecerán dentro de veinte años para incorporarse al mercado laboral. Las personas que hoy trabajan en la informalidad no acumularán mágicamente los recursos necesarios para su retiro. México está envejeciendo. La pregunta es si tendrá la productividad, las instituciones y los recursos para hacerlo con dignidad.
El desafío no es impedir que envejezcamos. Eso es inevitable. El verdadero desafío es evitar que México envejezca sin haber prosperado. Todavía estamos a tiempo, pero la demografía no espera y los años que perdamos hoy no podrán recuperarse mañana.
@LuisEDuran2
