Los sectores más dinámicos están diseñados para extraer valor de las poblaciones locales en lugar de construir capacidad productiva
El 15 de octubre de 1951, un estudiante de química de 26 años sintetizó la noretisterona en un laboratorio de la Ciudad de México. Luis Ernesto Miramontes acababa de crear la molécula detrás de la píldora anticonceptiva, uno de los inventos más trascendentes del siglo XX. Dedicó el resto de su vida a la docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Syntex, la farmacéutica que tenía la patente, se trasladó a California. Ninguna institución mexicana dio un paso al frente para construir lo que pudo haberse convertido en una industria de talla mundial. Hoy esa industria vale 20.000 millones de dólares al año. La idea de que las actividades complejas como esta pertenecen a otros lugares (de que países como México deben limitarse a lo básico) es justamente el tema de este artículo.
Hay una historia que se cuenta con frecuencia sobre la pobreza: los países son pobres porque carecen de lo básico. Primero hay que construir carreteras, puentes y vivienda, dice la sabiduría convencional, y el desarrollo llegará después. Se nos dice que evitemos la política industrial a toda costa. El crecimiento debe venir de la mano de obra barata, de los recursos naturales y de construir cosas, como carreteras, vivienda y edificios de oficinas. Dejen los sectores sofisticados a los países ricos; quédense con lo que tienen. Esta es la economía del ladrillo.
La economía del ladrillo es conveniente. La construcción contribuye a lo que el economista canadiense John Kenneth Galbraith llamó “modernización simbólica”: dar a un país o a una ciudad la apariencia del desarrollo aunque carezca de su sustancia. Además, es una forma relativamente sencilla y rápida de crear empleos —aunque con frecuencia precarios y temporales— y genera oportunidades de inversión rentables para las élites económicas locales y las empresas extranjeras.
Sin embargo, sus resultados en materia de desarrollo económico han sido desoladores. La economía del ladrillo es también una relación de dependencia. Cuando los sectores más dinámicos como fintech, logística o bienes raíces, están diseñados para extraer valor de las poblaciones locales en lugar de construir capacidad productiva, el resultado no es desarrollo sino una nueva forma de extractivismo.
La pobreza de la economía del ladrillo
Durante décadas, la Ciudad de México ha seguido la receta de la economía del ladrillo y ha utilizado la infraestructura y el sector inmobiliario como sustitutos de la construcción de capacidades productivas en sectores complejos y comerciables. Desde 1998, la productividad laboral ha crecido apenas 0,55% anual en promedio, una fracción de las tasas alcanzadas por los países que construyeron deliberadamente industrias intensivas en conocimiento: Polonia (3,2%), Corea del Sur (2,8%), Chile (1,5%).
Este no es un problema exclusivo de la Ciudad de México. Durante varias décadas, la economía mexicana ha tenido dificultades para elevar su productividad y diversificar su estructura económica. Entre 1980 y 2024, la economía mexicana creció apenas 0,68% per cápita al año en promedio (1). En ese mismo periodo, el crecimiento de la productividad laboral nacional promedió -0,4% anual (2); es decir, la economía creció incorporando más trabajadores mientras se volvía menos productiva. Este es el costo acumulado de décadas de liberalización comercial sin política industrial, y precisamente lo que el Plan México y la estrategia de la Ciudad de México se proponen revertir.
La economía del ladrillo no es un destino inevitable. La Ciudad de México puede elegir una senda de desarrollo en la que el crecimiento de la productividad, más y mejores empleos, el dinamismo de los sectores privado y público, y el bien común se refuercen mutuamente. Los países que lograron cerrar la brecha construyeron complejidad productiva de manera deliberada.
La Ciudad de México está construyendo esa ambición, que descansa en tres pilares.
Una política industrial para la ciudad
Para empezar, la ciudad debe aspirar a convertirse en un polo de industrias sofisticadas. Si bien las finanzas, el comercio y la logística importan, es el sector manufacturero el que históricamente ha estado más estrechamente vinculado al crecimiento sostenido de la productividad, la diversificación y el aprendizaje tecnológico, y sigue siendo el principal motor del gasto privado en investigación y desarrollo (I+D).
Para los escépticos que dudan del valor de una política industrial a escala local, vale la pena recordar que, con un producto de aproximadamente 225.000 millones de dólares, la economía de la Ciudad de México es comparable en tamaño a la de Nueva Zelanda (220.000 millones de dólares). Esa escala justifica ambiciones productivas y tecnológicas equivalentes.
Con ese espíritu, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó a la Ciudad de México como pieza angular del Plan México, la estrategia industrial nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las ciencias de la vida encabezan como motor principal, junto con la energía limpia, la transformación digital y la electromovilidad, todos anclados en nuevas centralidades económicas a lo largo de la ciudad y construidos sobre capacidades endógenas de investigación e innovación.
Durante veinticinco años no había nacido en la ciudad ninguna industria genuinamente nueva. Sin embargo, en 2025 la Ciudad de México inauguró el Distrito de Innovación Tlalpan —el primer polo de biotecnología y ciencias de la vida del país—, construido junto a destacadas universidades públicas y privadas, y que ya atrae a empresas globales como Novartis, Boehringer Ingelheim y Roche.
En agosto de 2026, México se convirtió en el primer país en aprobar un biofungicida basado en ARN, desarrollado por GreenLight Biosciences tras una década de investigación en veinte países. La aprobación regulatoria tomó nueve meses. Hoy se construye una planta de manufactura en la Ciudad de México, con una inversión inicial de 100 millones de dólares y 500 empleos especializados proyectados.
Movilizar el talento humano
El segundo pilar es el talento humano.
La ciudad ya cuenta con la base de talento. Cada año egresan de sus universidades 11.642 profesionales en ciencias de la vida —más que en Boston (7.600)— y es sede de más de un millón de estudiantes universitarios. Durante demasiado tiempo le costó ofrecerles oportunidades por las que valiera la pena quedarse. Como argumentó Alice Amsden, la oferta de habilidades no crea su propia demanda: lo que importa es si las empresas y las instituciones tienen incentivos para desplegar ese talento en actividades de alto valor. Sin política industrial, el conocimiento se queda en conocimiento. La estrategia de la Ciudad de México es precisamente esa: fortalecer las industrias existentes, catalizar nuevas, repatriar talento mexicano y convertir el conocimiento en prosperidad.
Corea del Sur, Taiwán y Singapur crearon programas específicos para traer de vuelta talento de empresas de frontera e instituciones de investigación en el extranjero. Una “fuga de cerebros a la inversa” deliberada fue central en sus estrategias industriales, y puede serlo también en la de la Ciudad de México.
Financiar la transformación
El tercer pilar es el financiamiento.
Los inversionistas privados y los actores financieros internacionales no han estado dispuestos, por sí solos, a financiar nuevas actividades industriales. En 2024, de los 1.700 millones de dólares de capital de riesgo que atrajo México, cerca de 40% se destinó a fintech y el resto, en gran medida, al comercio electrónico; mientras que el capital privado (9.400 millones de dólares) se concentró principalmente en bienes raíces, infraestructura y logística. Otra vez la economía del ladrillo, ahora en su versión financiera.
En respuesta, la Ciudad de México está construyendo sus propias soluciones mediante incentivos fiscales: reducciones de 55% a 60% en el Impuesto sobre Nóminas (ISN) para empresas de alta tecnología y contrataciones en I+D, deducción inmediata de hasta 91% en el impuesto sobre la renta por nuevos activos de capital en el marco del Plan México, y 6.500 millones de dólares (unos 130.000 millones de pesos) en preferencias de compras públicas para empresas que manufacturen localmente. La COFEPRIS, el regulador sanitario de México, también redujo los tiempos de aprobación en 76%, de 100 a 24 días.
Sin embargo, los incentivos fiscales no son suficientes. La brecha de financiamiento refleja un sesgo estructural en la arquitectura internacional del desarrollo. La Ciudad de México trabaja activamente para cerrarla mediante modelos de coinversión y el diálogo con instituciones de desarrollo, pero el desafío exige, en última instancia, una respuesta sistémica que la comunidad internacional aún no ha contemplado.
La soberanía productiva es la condición previa de cualquier estrategia de desarrollo digna de ese nombre. La Ciudad de México ha decidido actuar conforme a ese principio y se propone demostrar que es posible.
1. Fuente: Banco Mundial.
2. Fuente: OCDE, Compendium of Productivity Indicators 2024.
