Las relaciones amorosas en el servicio público, que involucran recursos fiscales, son más comunes de lo que pueda parecer o reconocerse; es una práctica de la que por el tema de privacidad, los medios no hablan, aunque se sepa, pero que a fin de cuentas se convierta en un asunto de nepotismo, ligado a la corrupción.
La vida privada de los funcionarios de alta, media y cualquier tipo de jerarquía en los tres poderes y los tres niveles de gobierno, debe respetarse por ética profesional, siempre y cuando no involucre recursos públicos; el caso es que algunos de los servidores públicos utilizan su posición jerárquica, para establecer relaciones sentimentales dentro de las mismas dependencias que encabezan y, posteriormente, favorecen a su pareja con sueldos elevados, compensaciones, o beneficios económicos, utilizando el presupuesto público para un asunto personal.
En oficinas gubernamentales, es un secreto a voces este tipo de relaciones amorosas que son criticadas, en voz baja, pero que deben ser un asunto público en materia de transparencia y de rendición de cuentas, porque es ahí donde la corrupción se vuelve invisible y pocas veces es castigada en quienes la cometen.
Lo que se conoce como nepotismo sentimental y conflicto de interés, es una de las formas como se desvían recursos públicos, se asignan contratos y aunque existe la ley para sancionar el nepotismo, en las relaciones extramaritales en oficinas, pocas veces son investigadas.
Algunos casos salen a la luz pública cuando la esposa descubre la infidelidad del servidor público y decide denunciar. Recordemos el caso que involucró a Pedro Hernández, exsecretario de Obras Públicas durante el gobierno de Manuel Cavazos Lerma, cuando su entonces esposa ofreció una rueda de prensa para denunciar los gastos que él hacía con otras mujeres, de propiedades e ingresos simulados, lo que derivó en investigación y cárcel.
De esos perfiles, a Fernando Cano en su tiempo también le costó mucho las declaraciones de su pareja ofendida, sobre sus negocios hechos al amparo del poder público.
El reciente caso de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo en medio de señalamientos por un presunto conflicto de intereses relacionado con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral con contratos por 500 millones de pesos, ha colocado a una mujer en el centro de la atención mediática, por su presunta relación sentimental con él.
Sin embargo, no fue el amor lo que le costó el cargo, sino los presuntos actos de corrupción y el posible conflicto de intereses que deben investigarse acreditarse y sancionarse.
La crítica no debe centrarse en su vida sentimental, ni reducir el caso a una mujer a la que «le costó caro el amor». Desde una perspectiva de género, el señalamiento debe dirigirse al ejercicio de la función pública, al presunto conflicto de intereses y al posible uso indebido de recursos públicos, en este caso la asignación de compras de material electoral.
Se normaliza que los funcionarios tengan a sus novias y parejas en sus oficinas, que les asignen convenios, les paguen compensaciones, contratos, viajes y hasta les pavimenten la calle de su casa con el concreto que alcanzaría para cubrir una colonia popular, en el total nepotismo y corrupción, pero se sigue una narrativa misógina, cuando lo que debe señalarse efectivamente son los delitos de corrupción y nepotismo.
Ciertamente cuando llega una mujer a un cargo, está sujeta a críticas por el desempeño de sus funciones; también no está exenta de incurrir en actos de presunta corrupción, pero sin escandalizar porque el delito lo cometa una mujer.
No es el amor el que cuesta caro, como lo titularon algunos medios de comunicación; lo que cuesta en el cargo, es cometer actos de corrupción y nepotismo, beneficiarse desde un cargo para su círculo familiar cercano.
La corrupción no tiene sexo, tiene nombres y apellidos de funcionarios y funcionarias que utilizan los cargos públicos para beneficiarse con el dinero del pueblo. El problema no es si son hombres o mujeres, sino el uso del poder para obtener privilegios personales a costa de los recursos públicos. La perspectiva de género no exime a nadie de rendir cuentas.
