¿Qué es la cultura de odio? Es un conjunto de creencias y valores que normaliza la violencia en contra de quienes piensen o sean diferentes con respecto a tal o cual grupo.
La política mexicana se ha vuelto un ejemplo consistente de cultura de odio: se desacredita toda idea diferente, se descalifica a quien cuestiona, se persigue a quien señala.
Una evidencia de ello es lo que acaba de ocurrir en Aguascalientes: esta semana el youtuber José Lápiz ofreció dinero para agredir a quien se atrevió a criticar el desempeño del actual gobierno federal en materia de seguridad.
Lápiz es un creador de contenido autodenominado como morenista, que cuenta con más de 620 mil suscriptores en su canal de YouTube.
En repetidas ocasiones ha mantenido un discurso de odio en contra de quienes simpatizan con la oposición o militen en ellas, así como quienes critican a los gobiernos y legisladores de Morena.
Sin embargo, sus ataques no se limitan a opositores políticos, también suele insultar a las mujeres víctimas de desaparición de personas, a los sacerdotes, a los creyentes y feligreses católicos.
Por años, el ahora delincuente confeso, ha hecho de los insultos, la burla y la apología de la violencia, su marca personal, sin consecuencia alguna.
No obstante, la semana pasada pasó de las agresiones verbales a la oferta de pagar a quien cometiese un delito en contra del arzobispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez.
Lápiz, en una transmisión en vivo, ofreció 40 mil pesos a quien “se madrugue” al clérigo que días antes había criticado la insuficiencia de acciones contundentes por parte de los gobiernos federal y estatal para combatir a la delincuencia.
El simple hecho de criticar al gobierno fue suficiente para que el youtuber enfureciera y aprovechara sus redes sociales para ofertar dinero a quien cometiese un crimen violento en contra del arzobispo.
En un país donde en los últimos 7 años han asesinado a 16 sacerdotes, y donde varias investigaciones periodísticas han exhibido que, con tan sólo 5 mil pesos se puede contratar el servicio de un sicario, la oferta de pagar 40 mil pesos a quien “se madrugue” a una persona en particular, a alguien que disiente sobre cómo se gobierna, trasciende dichos, fanfarroneo e incluso las amenazas, es una clara confesión de ser el mandante de un delito.
Tras darse a conocer el caso a nivel nacional, Lápiz nuevamente usó sus redes para burlarse de quienes lo criticaron, para decir que nadie lo investigaría y que se mantenía firme en su oferta.
Sólo cuando la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes anunció que había iniciado una carpeta de investigación por los delitos de amenazas y apología del delito en su contra, el youtuber salió a desdecirse, a argumentar que el video era en realidad “inteligencia artificial, elaborado por la oposición para desprestigiarlo” y a responsabilizar de cualquier consecuencia que pudiesen sufrir, él, su familia y sus colaboradores, a la fiscalía estatal, al arzobispado, a diversos periodistas y políticos de oposición.
Ante todo ello, la representación local del partido Morena se deslindó del creador de contenido, mientras que a nivel nacional nadie se ha expresado abiertamente, nadie ha condenado el hecho o simplemente, expresado una reflexión sobre cómo la cultura del odio promueve la comisión de delitos.
Este caso ejemplifica cómo el ambiente político que hoy se vive ha derivado en una cultura de odio.
Si bien, todos los gobiernos han minimizado o desestimado la crítica, sólo en los últimos ocho años se ha instaurado una auténtica cultura de odio en contra de quien piense diferente.
Las conferencias mañaneras iniciadas el sexenio pasado establecieron un tono que ha llevado a que tanto oficialistas como opositores sean incapaces de dialogar.
La política dejó de ser el arte de confrontar ideas y llegar a acuerdos, para convertirse en una batalla donde sólo las propias ideas son válidas.
La necesaria crítica social se convirtió en un sinónimo de ser un vende patrias y causa suficiente para que alguien con dinero pueda mandar a silenciarnos.
No sorprende que la sociedad civil organizada se haya vuelto más pequeña, menos vocal y presente; que la sociedad en general esté menos dispuesta a manifestar su queja y más propensa a acomodarse.
Lápiz abrazó la cultura de violencia e incitó al delito porque se sentía protegido, porque sabía que sus ideales coincidían con los del régimen y porque sabía que en México ni siquiera el 1% de los delitos se sancionan.
El problema es que el connubio entre la cultura del odio y la impunidad es gasolina para la violencia. Si no se sanciona lo ocurrido en Aguascalientes, veremos proliferar casos similares.
Urge retomar el diálogo respetuoso como forma de hacer política o corremos el riesgo de volvernos un país donde se imponga una cacería de brujas o un nuevo apartheid, en contra de quien piense diferente.
Sobran ejemplos actuales y pasados de regímenes que han segregado a ciertas comunidades y han producido sociedades de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda categoría.
Tal vez puede parecer una probabilidad muy remota, pero no es así. Ninguna sociedad está libre de convertirse al autoritarismo y permitir la violencia en contra de aquellos que disienten de la verdad que sostiene el régimen.
Lápiz es el ejemplo, ofreció dinero para que alguien atentase contra la vida de una persona que se atrevió a cuestionar al gobierno y se sintió suficientemente protegido como para apostar a que sus acciones quedarían impunes.
