Medio millón de investigaciones atrapadas en el archivo

El sistema de justicia penal mexicano se aproxima a una coyuntura definitoria. Por un lado, el Poder Legislativo tiene agendada para febrero de 2026 la deliberación de una reforma presidencial al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Por otro, la llegada de una nueva persona al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) representa un punto de inflexión operativo. 

Este escenario abre una oportunidad para que los legisladores impulsen un debate público que evalúe los riesgos de la iniciativa de reforma y explore alternativas para mejorar la eficacia del sistema. Si el verdadero objetivo es fortalecer la justicia —y no debilitar sus contrapesos—, existen alternativas con potencial, como la gestión del archivo. 

La iniciativa de reforma al CNPP propone cambios estructurales que han encendido alertas, pues representan retrocesos en garantías individuales y transparencia judicial. Entre ellos, la ampliación de los supuestos para detener en flagrancia y del catálogo de prisión preventiva oficiosa, lo que incentiva el uso de la detención automática. Además de medidas que no han demostrado su eficacia como la figura de los “jueces sin rostro”. En conjunto, estas enmiendas sugieren un modelo que prioriza la eficiencia aparente por encima del debido proceso. 

Otra ruta para atender la impunidad es posible

Sin embargo, me atrevo a decir que la mayoría de los casos penales que quedaron impunes fue por causas que no están siendo abordadas, como la gran ineficiencia en las fiscalías, que no se dan abasto y cuentan con pocas herramientas tecnológicas y de gestión. 

Por ejemplo, existe un cuello de botella que ya ahoga al sistema penal: el archivo temporal. México Evalúa documentó que en 2023 hubo más de 2.7 millones de procedimientos de investigación iniciados en las fiscalías del país. De estos, alrededor de 1.5 millones seguían en investigación, pero 950 mil fueron determinaciones ministeriales distintas de la acción penal. Es decir, no se continuó con la investigación. Seis de cada 10 de esas determinaciones son investigaciones que se archivan. Estamos hablando de que poco más de 500 mil casos fueron enviados a este limbo procesal. 

Diseñado como herramienta provisional, el Ministerio Público puede archivar casos que en su fase inicial carecen de elementos para seguirse. En teoría, la investigación debe continuar hasta reactivarlos. En la práctica, una vez que una causa ingresa a esta categoría, rara vez sale de ella. Estados como Yucatán, Hidalgo y Jalisco registran una carga de archivo temporal abrumadora. 

Incluso para delitos como el homicidio o feminicidio, la ley permite que puedan archivarse sin supervisión jerárquica, normalizando la inacción.

Una oportunidad estratégica: gestionar lo que ya existe

La nueva administración de la FGR podría abordar esta crisis desde un enfoque operativo, tecnológico y con enfoque ciudadano. Desentrañar el nudo del archivo temporal para reactivar investigaciones prioritarias o canalizar otras de menor impacto hacia mecanismos de justicia alternativos es una tarea menos monumental y politizada que reformar el código penal.

Esta estrategia no requiere reformas controversiales. Necesita voluntad política, transparencia y tecnología. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría ser un aliado clave para el análisis masivo de casos, como ya se explora en otros países y como México Evalúa ha diagnosticado para el contexto local.

Sobre todo, sería responder a millones de víctimas para las que el sistema hoy solo ofrece un número de carpeta y un callejón sin salida.